Un mejor acercamiento coadyuvará en la transferencia tecnológica, coinciden representantes del IPN, UAEMéx y la UADY, en encuentro de la Red Jurídica de Universidades Públicas
Las instituciones públicas de educación superior tienen el reto de apoyar el desarrollo científico y tecnológico del país, a través de una mayor vinculación o creación de mayores consorcios entre las universidades para llevar a cabo investigación e innovación con impacto social, así como para impulsar la transferencia tecnológica efectiva.
Así lo señalaron Yessica Gasca Castillo, secretaria de Innovación e Integración Social del Instituto Politécnico Nacional (IPN); Evangelina Sales Sánchez, consejera jurídica universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), y Jorge Carlos Herrera Lizcano, abogado general de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), durante su participación en la Red Jurídica de Universidades Públicas (REJUP), que se realiza en el IPN.
Durante su presentación en la mesa redonda titulada “Innovación con impacto: El papel del IPN en la transferencia tecnológica en beneficio de la sociedad”, la maestra Yessica Gasca Castillo destacó que esta casa de estudios cuenta con un ecosistema de innovación conformado por la Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas (DIET) y el Centro de Patentamiento, donde se brinda asesoría y acompañamiento a los investigadores para que puedan escalar sus proyectos de investigación o innovaciones.
La titular de la Secretaría de Innovación e Integración Social (SIIS) agregó que, además, a través de un sistema que se desarrolló en el Politécnico, los expertos de las escuelas, centros, unidades y centros de investigación pueden registrar proyectos o innovaciones, y/o solicitar orientación sobre trámites y procesos, así como los requerimientos para que los apoyen en materia de transferencia tecnológica.
En su oportunidad, Evangelina Sales Sánchez, consejera jurídica universitaria de la UAEMéx, señaló que se requiere una mayor simplificación administrativa para el registro y desarrollo de los proyectos de investigación, acorde a las normatividades jurídicas de las universidades públicas.
Indicó que la transferencia tecnológica tiene que enfocarse en el bienestar de la población, y que es indispensable que haya una mayor sinergia entre la ciencia y el ámbito jurídico.
Jorge Carlos Herrera Lizcano, abogado general de la UADY, consideró que la investigación y la transferencia tecnológica demandan un ecosistema integral donde se involucre la investigación aplicada, los procesos ágiles y sencillos, exista un mayor financiamiento, normatividad clara y, sobre todo, se incorpore a la sociedad.
Puntualizó que uno de los retos más importantes es la consolidación del conocimiento que se realiza en la investigación e innovación con la transferencia científica y tecnológica encaminada a la solución de problemáticas que aquejan a la sociedad.
Los trabajos de la REJUP en el IPN continúan este viernes con seis mesas de análisis entre las que destacan “Inteligencia Artificial”; “Construyendo un IPN libre de violencia de género: desafíos, acciones y rutas de futuro” y “La protección de los registros marcarios”, entre otras.