Carlos Antonio Sánchez
En la 29 ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) en Bakú, Azerbaiyán, científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) asistieron en búsqueda de conocer y entender las últimas negociaciones, la relevancia que cobrarán los mercados de carbono, las metas de financiamiento climático y cómo la ciencia y tecnología que se desarrolla en el país tendrá que adaptarse a través de acciones con la investigación académica para aportar a la conversación y generar nuevos proyectos desde casa.
Ante este contexto, la investigadora de la Escuela Superior de Economía (ESE), Vianey Ramírez Siles, explicó desde la sede de la COP29 que “hay una urgencia en términos de lo que la situación demanda como acciones, en este caso de organismos internacionales”.
Aseguró que hay una lejanía grave entre los hechos y los objetivos que se plantean año con año porque “es muy importante el discurso de Simon Stiell, secretario ejecutivo de Cambio Climático de las Naciones Unidas, que subraya que hay una enorme brecha que se ha generado entre lo que realmente sucede en términos de los desastres medioambientales y los discursos de buenas intenciones”.
Muchos de los temas en disputa en la agenda de la COP29 han sido para la adaptación y mitigación del cambio climático, así como la presentación de planes nacionales de acción climática actualizados.
La lucha contra el cambio climático ha dado un paso crucial en el ámbito legal. Recientemente, la Asamblea General de la ONU, el mayor órgano de deliberación que tiene el mundo, donde se reúnen 193 Estados miembros, ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre las obligaciones legales de los Estados en relación al calentamiento global, según el derecho internacional. Esta solicitud busca aclarar las responsabilidades de cada país y las consecuencias jurídicas que podrían enfrentar si no cumplen con sus compromisos en la lucha contra el cambio climático.
Durante la COP29, la académica de la ESE, Marisela Cruz Meza, argumentó que uno de los pilares para acelerar las acciones climáticas está en el artículo 6 del Acuerdo de París, donde se consideran oportunidades para alcanzar los objetivos nacionales de reducción de emisiones de forma más rentable, a través de la cooperación entre países para alcanzar objetivos de reducción más ambiciosos mediante el intercambio de créditos de carbono.
“Sobre todo para las poblaciones más vulnerables y ante la resistencia, pues la transición tecnológica y energética requiere billones de dólares, de los cuales habría que avanzar en estas negociaciones este año”, explicó Cruz Meza.
Por otro lado, el profesor de la ESE, César Arturo Iglesias Grajales, que a través de la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros (UNAI) se integró junto con Marisela y Vianey, como observadores acreditados de la Organización para las Naciones Unidas ante la COP29, explicó que esta edición es la primera en que se establecen acuerdos de transparencia.
“Este es el primer año en donde los países no solamente dicen qué van a hacer, sino que tienen que informar y eso va a ser muy importante para realizar todos los proyectos, además la actualización de las Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que para enero de 2025 tienen que estar ya los países desarrollándolos y los planes nacionales de adaptación”, agregó Iglesias.
Ante ese escenario, los académicos de la ESE invitan a contribuir desde sus áreas temáticas de investigación para generar conocimiento, con la finalidad de mitigar y entender los fenómenos del cambio climático.
La COP29 es un momento clave para que los países expongan sus planes nacionales de acción climática actualizados bajo el Acuerdo de París, que deberán entregarse a principios de 2025 y se busca limitar el calentamiento global a 1.5 ° grados centígrados por encima de los niveles preindustriales y actuarán como planes de inversión que impulsan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“La COP se divide por dos zonas, la zona verde que es una zona pública, y ahí exponen las empresas más importantes de desarrollo tecnológica a la venta, en la zona azul entran proyectos que los Estados generan, y como investigador ves los proyectos más importantes que se desarrollan para darte una idea de cómo se puede generar, vas a observar, hay una sala de negociaciones en donde no puedes entrar, pero los informes sí los puedes ver”, informó Iglesias Grajales.
Se discutieron los problemas que atañen al mundo en los últimos años, pero también se habló sobre nuevas rutas que podrían esclarecer el rumbo de los siguientes proyectos de investigación tanto en el mundo como en el IPN.
“Lo más importante es ahora el mercado del carbono, será un mercado legal, normado por la ONU, que ahora tendrá implicaciones porque el Estado mexicano tendrá que adaptar su normatividad para aceptarlo y que en México se pueda comercializar”, agregó César Arturo.
En esencia, un mercado de carbono es un sistema donde se compra y vende la capacidad de contaminar menos. Las empresas o individuos que emiten gases de efecto invernadero (como los que causan el cambio climático) pueden "compensar" esas emisiones comprando créditos de carbono.
Cada crédito representa una tonelada de Dióxido de Carbono (CO2) que ha sido eliminada de la atmósfera o que se ha evitado que se emita. Es como un certificado de "aire limpio". Una vez que se usa un crédito para compensar una emisión, ya no se puede volver a usar.
“Uno de los elementos centrales que el IPN tiene a su cargo es el desarrollo sustentable, hoy tenemos un reto fundamental con el mercado de carbono, necesita estudiarse, generar condiciones, cómo se va a regular, surgen muchas interrogantes y esto hoy no se tiene en los planes de estudios, hay que actualizarlos”, aseguró Iglesias.
Se abrió un nuevo objetivo de financiamiento climático, porque este monto triplica el compromiso anterior, se ponen en la mesa 300 mil millones de dólares anuales hasta 2035 en los países desarrollados, esto representa tres veces el compromiso realizado hace 15 años para cumplirse a partir de 2020, lo que se realizó solo a partir de 2022 y con varias críticas al cálculo, explicó César Arturo.
Para lograr la meta de financiamiento climático se buscará obtener recursos de diversas fuentes:
● Públicas y privadas: Gobiernos, empresas y organizaciones sin fines de lucro.
● Bancos multilaterales: Instituciones como el Banco Mundial, que ya se han comprometido a aportar una parte importante del financiamiento.
Se invita a los países en desarrollo a contribuir de forma voluntaria. Es importante destacar que se reconoce la importancia de que el financiamiento provenga principalmente de subvenciones (dinero que no hay que devolver), en lugar de préstamos, ya que esto representa la mayor parte del financiamiento climático actual.
Si bien se celebra el avance en la definición de la meta de financiamiento climático, el Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Financiamiento Climático, liderado por Amar Bhattacharya, Vera Songwe y Nicholas Stern, advierte que esta cifra aún es insuficiente. En un comunicado emitido tras la decisión en la COP29, el grupo señala que la meta "está muy por debajo de los 390 mil millones de dólares anuales para 2035 que, según nuestro trabajo, serán necesarios para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París".
De acuerdo con Arturo Iglesias, se estableció un mercado de carbono, habrá normas y estará regulado ante fraudes y esto incentiva hacia la transición energética y la deforestación. “Se avivó el debate de la eliminación de combustibles fósiles, ya hay un paso en ese terreno, son retos, no significa que estén resueltos, pero ya es una ruta que se puede seguir”, confirmó.
Finalmente, “este proceso nos parece fundamental para toda la comunidad politécnica de investigadores, docentes, alumnos, porque hoy no está en juego la técnica al servicio de la patria, sino la técnica al servicio de la humanidad para combatir al cambio climático”, señaló el politécnico.